El Supremo rechaza el recurso de Bricansa

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El Supremo rechaza el recurso de Bricansa

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso con el que el Grupo Inmobiliario Bricansa pretendía que se demoliera el dique de protección del frente litoral de San Andrés, en Santa Cruz, y con el que exigía una indemnización de casi 50 millones por "todos los daños y perjuicios causados por la ocupación ilegal de la concesión", de la que dice ser titular, para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en la misma zona y "en las mismas aguas". Dicha concesión fue otorgada inicialmente por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a la empresa Parque Marítimo Anaga, en 2002.

Se da la circunstancia de que, según los últimos informes públicos de Bricansa, el empresario que figura como administrador único es José Ana Pérez Labajos, quien en su día fue el adjudicatario del puerto deportivo de San Andrés pero a través de la entidad Parque Marítimo de Anaga, la cual, en este procedimiento judicial también figura como parte demandada, junto al Abogado del Estado. Labajos fue investigado en el caso Fórum.

El conocido como caso Fórum en Tenerife se inició hace ya más de 12 años, basándose en un escrito atribuido al arquitecto de la entidad, Julio Aumente, en el que se hablaba de presuntos sobornos a cargos públicos para promover la construcción de un puerto deportivo en San Andrés a través de Parque Marítimo de Anaga, integrada por Fórum Filatélico (una empresa dedicada en teoría a la compra y venta de sellos), y una urbanización en Valle Tahodio.

En junio del año pasado, la Justicia acordó el sobreseimiento del supuesto delito de cohecho atribuido al empresario Labajos. Sobre él pesaban varias acusaciones, entre las que se encontraba el haber entregado supuestamente tres millones de euros al exalcalde nacionalista Miguel Zerolo y ser el testaferro de Fórum en la Isla.

Labajos vendió a Fórum Filatélico sus activos en Parque Marítimo Anaga en el año 2002, incluida la concesión de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz para construir un puerto deportivo en San Andrés. La intervención judicial de Fórum frustró este proyecto descomunal, que incluía 500 puntos de atraque y ocupaba una superficie de 120.000 metros cuadrados en tierra y otros 125.000 en mar. Labajos desmintió siempre que hubiese ejercido como testaferro de Fórum en Tenerife.

Según esta sentencia del Tribunal Supremo sobre el dique de San Andrés, la concesión para la construcción del puerto deportivo fue suspendida a petición del inicial concesionario, Parque Marítimo Anaga, en 2009, y el Grupo Bricansa, cuyo administrador único es Labajos, tal y como se indica en los informes de la empresa, "habría resultado adjudicatario, en procedimiento judicial de ejecución, es decir, en una subasta, de la reseñada concesión administrativa".

En 2015, el Grupo Inmobiliario Bricansa presentó un recurso judicial contra la decisión del Consejo de Ministros, de 27 de junio de 2014, con la que se acordó que para construir la escollera de protección del frente litoral de San Andrés no era necesario el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pues se trataba de una actuación de "emergencia" para prevenir inundaciones en la zona.

La empresa solicitó en el recurso la declaración de nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros y también del acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con el que se adjudicaron las obras para construir la escollera, "ordenando la demolición del referido dique de contención".

Asimismo, y "subsidiariamente, para el caso de que no sea posible la demolición", el Grupo Inmobiliario Bricasa exigió una indemnización por "todos los daños y perjuicios" causados a raíz de la "ocupación ilegal de la concesión de la que es titular para construir un puerto deportivo en la misma zona". Dicha indemnización es fijada en casi 50 millones de euros.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de noviembre, desestima el recurso de Bricasa, con todas y cada una de sus peticiones. En primer lugar, en relación a la solicitud para que se declare la nulidad de los acuerdos del Consejo de Ministros y de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y para que se demuela el dique, cuya construcción finalizó en 2016, el fallo judicial establece que se trata de una obra de emergencia y necesaria para evitar inundaciones que ponían en riesgo la integridad física de las personas. En la sentencia se recuerda que en 2010, 2011 y 2012 se produjeron "eventos catastróficos" en el pueblo santacrucero debido al oleaje.

En segundo lugar, y con respecto a la responsabilidad patrimonial y pretensión indemnizatoria, el Tribunal Supremo considera que esta no puede atenderse porque no se han declarado nulos los acuerdos del Consejo de Ministros y de la Autoridad Portuaria para que no se tramitase la declaración ambiental y para se construyese con urgencia la escollera de San Andrés.

Asimismo, el Supremo indica que en ningún momento en el presente recurso, la pretensión indemnizatoria se articula como cuestión principal, para lo que se tendría que haber formulado de manera previa en vía administrativa. Se señala que la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración tendría que "haber sido objeto específico de una petición o reclamación en vía administrativa y de un procedimiento específico".

Por lo tanto, el TS desestima e l recurso interpuesto por el Grupo Bricansa con imposición de las costas para la parte recurrente.

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